Daniela Malpica, Doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Essex, activista y una de las impulsoras fundamentales de la justicia transicional en México, nos habla del mecanismo de verdad dentro de esa justicia
Conspiratio: En la entrevista que tuvimos con Jacobo Dayán, nos hizo una panorámica general de los cinco pilares que conforman la justicia transicional y sus complejidades. Quisiéramos profundizar contigo en ese primer pilar de la verdad.
Daniela Malpica: La justicia transicional es un proceso que, como dicen bien, tiene cinco pilares. Yo los comparo con el mecanismo de un reloj en el que ninguna de sus piezas es más importante que la otra y que permite a un país con altos índices de violencia y de violaciones a derechos humanos salir de ellos. Pero para que el proceso se desate es necesario empezar por la verdad. Sin ella es imposible echar a andar los engranajes de la justicia, la reparación, la no repetición, y la memoria. Sin la verdad todo el mecanismo queda paralizado.
Pero antes de llegar allí quiero hablar de la base que está en el fondo de la justicia transicional: los derechos humanos, cuya salvaguarda, en la actualidad, está supuestamente garantizada por lo que se llama el ombudsman, el “defensor del pueblo”, quien se encarga de proteger a la gente cuando el Estado falla, y comienza a abusar de su poder y a violentar estos derechos. La CNDH es una “defensoría del pueblo”; lo es también, a nivel internacional, las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México. Cuando estos organismos fallan en su labor y un caso en particular concita la indignación ciudadana, se crean a veces comisiones de la verdad para resolverlo. Lo vimos en la época de Fox, cuando se creó un mecanismo de esa naturaleza para resolver los horrores de la Guerra Sucia, que fracasó; se hizo con el gobierno de López Obrador tanto en el caso de la Guerra Sucia como en el de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero también se fracasó. Hay muchos otros casos en México de ese tipo de comisiones de la verdad que terminaron por no aclarar nada, por construir una verdad oficial y paralizar los mecanismos de la justicia, la reparación, la no repetición, y la memoria
El problema de esos fracasos, como seguro lo dijo Jacobo, es que esas comisiones de la verdad fueron coordinadas por el gobierno y no contaron con los apoyos suficientes para llegar al fondo de ella. Hoy, la violencia que padece México y que es de orden estructural, exige una comisión de la verdad del tamaño de la que propone la justicia transicional y completamente independiente del gobierno. Hemos llegado a tal grado de horror que no sólo las víctimas, sino el país entero tiene el derecho de conocer no sólo quiénes son los perpetradores, sino cuáles son los vínculos entre ellos, qué los motivó, qué sucedió con los desaparecidos, dónde se encuentran o qué se hizo con ellos, región por región, municipio por municipio, porque las violencias son múltiples y distintas de un lugar a otro.
Hay que entender, sin embargo, que la verdad arrojada por un mecanismo de esa naturaleza, no es la verdad fáctica o forense de la justicia. Es la verdad que, al recoger testimonios de víctimas, de funcionarios públicos, de perpetradores, de expedientes policiacos, de notas periodísticas y testigos, reúne elementos para crear expedientes que pueden después judicializarse, cuando la carga de la prueba, que es la labor del mecanismo de justicia, lo acredite. Voy a poner un ejemplo en el que participé cuando trabajé en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene un mandato semejante al de una comisión de la verdad. El caso Tlatlaya, un municipio del Estado de México, donde en 2014 el ejército ejecutó extrajudicialmente a 22 civiles que supuestamente estaban armados y formaban parte de la delincuencia organizada. El relato del gobierno fue, como siempre, negarlo y atribuir esas muertes a un enfrentamiento entre el ejército y grupos criminales. A través de un trabajo de verdad, semejante al que he descrito, logramos mostrar que esas ejecuciones fueron extrajudiciales, que se llevaron cabo cuando ese grupo se rindió y depuso las armas; logramos identificar también al batallón que lo hizo y a los soldados. Lo que no pudimos ni podíamos hacer es demostrar pericialmente los asesinatos ni quienes fueron los soldados que dispararon. Eso le correspondió a la verdad jurídica aplicando pruebas muy específicas que vincularon de manera individual a las personas que ejercieron el crimen. Incluso llegaron a comprobar que uno de los asesinatos no había sido por arma de fuego, sino por desnucamiento. Todo eso estaba en nuestro informe, pero esa verdad necesitaba de su comprobación forense.
Esto no quiere decir que la verdad esté limitada, sino que la verdad y la justicia tienen distintos ámbitos de competencia que dialogan entre sí y van de la mano. Se puede conocer la verdad sin tener todavía su comprobación fáctica o forense.
Más acá de la verdad jurídica, un buen mecanismo de verdad debe contar con varias formas de ella: la verdad personal, que nace de las narrativas de las víctimas, de los perpetradores y, cuando los hay, de los testigos; la verdad social, que surge de los contextos donde se desarrollaron los hechos, y, por último, la verdad sanadora o restaurativa, que surge después de la justicia jurídica y que se enlaza con los mecanismos de reparación. Se da entre la víctima y el victimario. En la Jurisdicción Especial para la Paz, en Colombia, se ha llevado a cabo este último tipo de verdad. En esa verdad los perpetradores logran pedir perdón a las víctimas. Aunque no necesariamente las víctimas logran perdonar —el otorgamiento del perdón no es una obligación—, esa verdad, aunada a las otras, repara de alguna forma y sana a la sociedad. Un buen mecanismo de verdad acerca estas verdades y da insumos a la justicia fáctica o forense.
Conspiratio: Es muy importante esto que estás diciendo, porque cuando se habla de una comisión que va a establecer una verdad, probablemente las personas que no conocen estos matices y estos tipos de verdad podrían llegar a pensar que en realidad nunca tenemos la verdad acerca de nada. Es lo que, como dijiste, muestra la comisión creada por Fox para esclarecer los crímenes de la Guerra Sucia; lo que muestra el caso Ayotzinapa o esa otra comisión de la verdad, creada por López Obrador, para intentar iluminar una vez más los sucesos de la Guerra Sucia. Es lo que también muestran las investigaciones llevadas a cabo sobre el asesinato de Colosio. Decenas de miles de fojas sobre esos crímenes y nada queda claro. Sin embargo, tal y como lo planteas en el caso de Tlatlaya, podría decirse que si bien no podemos llegar a la verdad total de los hechos —lo que incluso filosóficamente es imposible— puede tenerse una verdad general que, además de permitir acceder en el terreno de lo jurídico a ciertas particularidades fácticas, puede llevar también a un proceso de reparación.
Daniela Malpica: Eso es. En el caso Tlatlaya se pudo llegar hasta allí. A partir de esa verdad general pudimos acreditar la responsabilidad del Estado, en particular del ejército; pudimos identificar a los 16 soldados que iban en esa unidad del ejército y el asesinato de una de las víctimas no por arma de fuego, sino por desnucamiento. A la fiscalía le correspondió la verdad fáctica de determinar quiénes dispararon y quién desnucó a una de las víctimas. Pero en muchas otras ocasiones, a lo único que puede accederse es a una verdad general muy parcial construida gracias a que alguno de los perpetradores reveló que él asesinó o desapareció a tal persona o tales personas por órdenes de otros, que los enterraron en tal lugar y no se da nunca con ese sitio o que los desaparecieron en ácido o de otras maneras, como en el caso de Piedras Negras, en cuya verdad trabajó Jacobo Dayán y en la que se descubrió que en la cárcel se incineraban cuerpos de gente declarada desaparecida o en el horrible caso de la saturación de los Semefos de Jalisco y del tráiler con cuerpos en estado de putrefacción, en 2021. En esos casos, que ya son inmensos, la ausencia de material genético hace imposible una buena parte de la verdad jurídica.
Conspiratio: Seguimos, sin embargo, hablando de casos particulares. Pero ¿qué va a suceder, Daniela, cuándo algún día tengamos que enfrentarnos al problema —esperamos que sea pronto— de esclarecer la verdad sobre los cerca de 400 mil asesinados y de más de 100 mil desaparecidos, cifra, esta última, que el gobierno de López Obrador ha rebajado de manera indigna con la colaboración de Alejandro Encinas. ¿A qué verdad podemos aspirar? Porque, como ya lo señalaste, no vamos a poder resolver muchísimos casos, la inmensa mayoría, por desgracia. La negligencia, la corrupción, y la impunidad han hecho que esto sea imposible.
Daniela Malpica: Los ejemplos que he dado, aunque sean aislados y no hayamos logrado relacionarlos entre sí, ilustran lo que de alguna forma debería ser un mecanismo de verdad para enfrentar esa tragedia; un mecanismo con muchos sub mecanismos que permitan iluminar las diferentes formas de violencia que vive el país. Porque, como dije al principio, estas violencias son diferentes en cada región. Vuelvo de nuevo a los ejemplos que mal que bien tenemos a la mano. Pensemos ahora en Nayarit, en el caso del exgobernador Roberto Sandoval, que pertenecía a las filas del PRI, y su fiscal, Edgar Veytia, juzgados y encarcelados en Estados Unidos. Ellos formaban parte de la delincuencia organizada: usaban su posición política para extorsionar y desaparecer personas. Utilizaban incluso las instalaciones de la propia Fiscalía para torturar. Todo eso pudo comenzar a acreditarse gracias a que un grupo de ciudadanos creó una comisión de la verdad. En Michoacán, la violencia tiene un origen distinto. Allí, quienes la creaban eran los Zetas, desertores de los grupos de élite del ejército mexicano; allí también, los ciudadanos no se reunieron para crear una comisión de la verdad, sino para defenderse. Así surgió, lo que se conoce como la Familia Michoacana. Una vez consolidada, esa organización comenzó también a delinquir. Para contrarrestarla surgió otro grupo, Los Templarios, que siguieron el mismo camino. Aparecieron entonces las Autodefensas que fueron penetradas por el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Lo que asola hoy a Michoacán es un monstruo de mil cabezas. Una comisión de la verdad tendría entonces que ser capaz, como se hizo en Nayarit en su momento, de buscar la verdad, una verdad más complicada; algo más que necesario hoy en día para ir entendiendo nuestras violencias y el papel que sus protagonistas tienen en ellas. Porque lo que se padece en México es una violencia sistémica. Sólo a partir de allí pueden construirse los mecanismos necesarios para una justicia que nunca podrá ser completa, pero que, sin embargo, es una justicia, cosa de la que hoy carecemos por completo.
Conspiratio: ¿Cómo debería integrarse esa comisión de la verdad para evitar que el Estado no interfiera y hacerla confiable?
Daniela Malpica: No existe receta alguna. Cada comisión de la verdad debe adecuarse al contexto y a las capacidades que tenga la comisión. Sin embargo, hay algunas características: deben ser independientes, como ya hemos dicho. Ese tipo de comisiones son las que han logrado tener éxito. Pueden tener asistencia internacional, asistencia a medias o carecer por completo de ella. En teoría, una comisión de la verdad nacional podría funcionar. Pero no para México. Sobre todo, por los vínculos que existen entre el Estado y el crimen organizado, como lo muestra el caso de los jóvenes de Ayotzinapa. México necesita una comisión de la verdad independiente y con asistencia internacional. Otra característica tiene que ver con el mandato: ¿qué es lo que la comisión va a investigar; cuál es el periodo de tiempo en el que operará y cuáles son sus atribuciones? En Argentina, por ejemplo, la comisión de la verdad se enfocó prioritariamente a esclarecer las desapariciones. Hay, pues, que especificar qué verdad es la que se busca y dotar a esa comisión de dientes para que pueda sortear los obstáculos que el Estado va a poner para evitar que la comisión tenga acceso a documentos fundamentales. Uno de esos obstáculos es la seguridad nacional. En este sentido, la comisión de la verdad debe tener muy claras sus atribuciones. Debe, en nombre de que se investigan hechos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos, tener acceso a sitios, archivos, y funcionarios públicos; debe también tener acceso a todos los lugares que considere necesarios para iluminar la verdad.
Otra de las características es que quienes conformen la comisión sean personas con la suficiente calidad y credibilidad moral para comunicar la verdad tanto a las víctimas como a la sociedad. No se necesita, por lo mismo, ser un especialista. En Argentina, quien presidió la comisión de la verdad fue el escritor Ernesto Sábato. Entre sus integrantes había también una periodista radial, una locutora, Magdalena Ruiz Guiñazú. Ella comenzó a contar los relatos de las víctimas en televisión nacional y tuvo la brillante idea de que el reporte final no se entregara sólo por escrito, sino que sus hallazgos se divulgaran a través de la televisión pública. Lo que nos lleva a otra característica: rendir cuentas periódicamente y comunicar sus acciones. En este tema, debe haber una actitud muy responsable en el tratamiento de asuntos que tienen que ver con la seguridad nacional, porque pueden poner en riesgo el trabajo de la comisión de justicia. Recuerdo, en este sentido, una comisión de la verdad en Noruega, cuyo objetivo era iluminar actos de espionaje realizados por socialistas y comunistas. Lo primero que hicieron fue transparentar de manera pública lo que informaría la comisión . “Nosotros —dijeron— vamos a tener acceso a documentos que pueden comprometer la seguridad nacional. Todo lo que sea relevante y acredite en ellos que hubo violación de los derechos humanos lo vamos a hacer público. Lo que no, lo mantendremos en reserva para evitar poner en riesgo la seguridad del país”.
Una característica más es tener mucha claridad en la manera en que la comisión de la verdad va a relacionarse con los otros cuatro mecanismos. De qué manera, por ejemplo, va a canalizar al mecanismo de justicia y de reparación a las víctimas que encuentra para que, además de acceder a la reparación, puedan denunciar su caso de manera jurídica.
Por último, la comisión debe tener una perspectiva de género. Si no se toma en cuenta, la comisión no va a encontrar ciertas redes criminales o patrones de conducta que llevan a las violencias de género y los feminicidios.
Esas serían las características más importantes que deben tomarse en cuenta a la hora de crear una comisión de la verdad.
Conspiratio: Lo que quiere decir que una buena comisión de la verdad debe surgir de la sociedad civil organizada. Lo que quiere decir también que se topará con reticencias por parte de los gobiernos, como ha sucedido con la mayoría de las comisiones de la verdad que hemos mencionado y que han terminado en la ruptura y el fracaso. Tomando en cuenta eso, ¿qué puede hacerse para evitar que una comisión de la verdad como la que necesita México termine allí? ¿Qué debe hacerse para que tenga el reconocimiento y el respaldo suficiente para llevar a cabo su tarea?
Daniela Malpica: Independencia. Aunque puede haber en esa comisión una parte de gente relacionada con el Estado, como sucedió en Argentina, donde una parte de los comisionados eran congresistas, lo importante es que quien la dirija sea un civil y que la gente que forma parte del Estado esté subordinada a los comisionados civiles. Por ello no funcionaron las dos comisiones formadas durante este gobierno para esclarecer los crímenes de Ayotzinapa y de la Guerra Sucia. Esas comisiones no eran independientes ni tenían un gramo de autonomía. La última, por ejemplo, estaba presidida por el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Tenía, además, cinco funcionarios públicos, uno de Relaciones Exteriores, otro de la Secretaría de de Crédito de Hacienda y Crédito Público, el titular del Archivo General de la Nación, la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, a los que están subordinados cinco integrantes de la sociedad civil. Lo más grave es que cada uno de esos funcionarios tenía un voto, mientras que los cinco civiles juntos uno solo. Así no se llega a ningún lado. Es la verdad manipulada y simulada.
Pero antes de eso, lo que se necesita es voluntad política no sólo para crear una verdadera comisión de la verdad, sino los mecanismos que deben acompañarla.
Aun cuando la necesidad de crear un proceso de justicia transicional emane de una demanda del pueblo, para usar el término que le gusta a esta administración, se necesita no sólo del consenso de todas las fuerzas políticas y sociales para llevarla a cabo, sino también de decretos de creación y de recursos y de asistencia internacional.
Por desgracia, esa voluntad política no está en las prioridades de los partidos políticos ni de los candidatos que se disputan el poder en México. El hecho de que López Obrador traicionara la agenda de justicia transicional que pactó con las víctimas a inicios de su mandato, complica más la situación, porque de volver a ganar Morena, una justicia transicional tendría que investigar también las acciones cometidas por ese partido durante su administración, porque en ella continuaron las violaciones graves a derechos humanos, los asesinatos, las desapariciones.
La clase política en este país tiene, como todos lo sabemos, un gran pacto de impunidad. Cada cambio de gobierno reduce el tema de la violencia a casos de corrupción que son utilizados selectivamente, con fines meramente políticos y con la única intención de encarcelar a quien el poder señala. Jamás, en ese tipo de casos, hemos visto una sentencia. El encarcelamiento dura lo que el poder considere necesario para sus fines. Ejemplos sobran. Recordemos algunos de los recientes, el caso de Elba Esther Gordillo y el de Rosario Robles. Me parece, además, que gran parte de la sociedad, pese al horror de la violencia, no es consciente todavía de la dimensión de la descomposición que sufre el país. Son las víctimas, las organizaciones y algunos académicos que trabajan estos temas, quienes están al tanto y tratan de detener como pueden esa horrible pendiente, y ni siquiera todos. Cuando a principios del gobierno de López Obrador se intentó construir una política de Estado basada en la justicia transicional, muchas organizaciones de derechos humanos no la vieron como una opción. Creían que era posible enfrentar esa descomposición con los mecanismos ordinarios del Estado.
Ojalá y podamos algún día llegar a esa justicia. Aunque no es la verdad ni la justicia que merecerían las víctimas, porque el grado de descomposición y de violencia al que nos llevaron la negligencia, la corrupción, y la impunidad hace ya imposible la verdad y la justicia en cada caso y hay algo de desesperanzador en ello. La justicia transicional es lo único que hay para detener la tragedia y lo único que podemos ofrecer a las víctimas, me parece.
Conspiratio: Es aún más desesperanzador porque la propia clase política, como lo dijiste, se negaría a asumir esa posibilidad. Prefiere ahondar el infierno que abrazar a las víctimas y sanar a la nación.
Daniel Malpica: Pese a ello hay que seguir insistiendo. Decía que esa justicia tiene algo de desesperanzador. Es verdad. Pero también algo de esperanza: es, al menos, una semilla que lleva consigo el inicio de la reducción de las violencias, la apertura a un Estado de Derecho y a la reconciliación. Sin ello, las generaciones que vienen carecerán de futuro.