Jacobo Dayán es uno de nuestros grandes especialistas en derecho internacional, derechos humanos, y justicia transicional. Fue director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia. Actualmente es Director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) de la UNAM, profesor en la Universidad Iberoamericana y columnista de Animal Político. En la presente entrevista abordamos con él la importancia de la justicia transicional y la necesidad de aplicarla en México. Recientemente acaba de publicar en la editorial Taurus su libro República de Weimar, la muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento.
Conspiratio: Hablar de justicia transicional en México no es nuevo. No es nueva, tampoco, la propuesta de llevarla a cabo. En este sentido, quisiéramos hacer un poco de historia para abordar mejor el tema que nos ocupa, ya que tú, Jacobo, eres un protagonista fundamental.
A raíz de las largas marchas y diálogos que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad realizó entre 2011 y 2012 se logró crear la Ley General de Atención a Víctimas del Delito y de la Violación a Derechos Humanos y su Órgano Ejecutivo, La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), una ley y una comisión que, con todo y sus defectos, buscaba la reparación a las víctimas como inicio de procesos de verdad y justicia. Todo eso se degradó, por desgracia, y el país continúa atrapado en una espiral de violencia e impunidad aterradora. Hacia el final del sexenio de Peña Nieto, buscaste a Javier Sicilia. Le dijiste que después de todo lo sucedido no había otro camino que aplicar en México la justicia transicional. Con esa agenda fueron a ver a López Obrador, que ya desde entonces aparecía en las encuestas como el posible sucesor de Peña Nieto en la Presidencia. Hablaron. En esa entrevista, le explicaste con mucha claridad en qué consiste la justicia transicional y le expresaste la necesidad de aplicarla en México como una política de Estado. López Obrador no sólo estuvo de acuerdo, sino que ya como presidente electo, en un enorme encuentro público con las víctimas en el CCUT, que actualmente diriges y que en ese entonces dirigía Ricardo Raphael, se comprometió a llevarla a cabo. En Youtube están los videos. Sin embargo, no bien López Obrador asumió la presidencia, traicionó la agenda. No sólo mantuvo al ejército en las calles y les dio un rango en la vida civil mayor del que habían soñado Calderón y Peña Nieto, creó sólo dos comisiones de la verdad, una para el caso Ayotzinapa, y otra para la llamada Guerra Sucia, que han sido un fracaso. Las consecuencias están a la vista: al igual que en las administraciones anteriores, impunidad casi absoluta y aumento en el número de asesinatos, masacres, y desaparecidos. Creemos que, ahora que el proceso electoral está cerca y que los partidos se disputarán una vez más la administración del infierno, es tiempo de volver a poner sobre la mesa la justicia transicional. ¿Qué es? ¿Por qué es importante aplicarla en México?
Jacobo Dayán: Antes de responder, quiero volver al evento de Tlatelolco. Lo que en ese evento se acordó fue la creación de mesas de trabajo con quienes conformarían la Secretaría de Gobernación: Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas y todo su equipo. Desde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad convocamos a organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil que venían trabajando esta agenda, a varias universidades del país, a colectivos de víctimas, y a expertos internacionales que han participado en esas experiencias muy vastas en América Latina. Desde finales de septiembre, a lo largo de todo octubre, todo noviembre y los primeros días de diciembre de 2018, trabajamos en esa propuesta que, como bien dicen, fue traicionada y desechada por el actual gobierno, con el silencio cómplice de Olga Sánchez Cordero y de Alejandro Encinas.
Dicho esto, respondo la pregunta. El término “justicia transicional” suena complejo. Lo es. Lo primero que hay que decir es que no es una receta mágica, procesos que puedan calcarse. No podemos, en este sentido, aplicar en México la justicia transicional que se llevó a cabo en Argentina o en Sudáfrica o la que se puso en marcha en Colombia. La justicia transicional es más bien una caja de herramientas que puede utilizarse y amoldarse a las condiciones de un país para ayudarlo a transitar —de ahí el nombre de transicional—, de una dictadura a una democracia, o de un estado de violencia a uno de paz. Se aplica en países que viven niveles extraordinarios de violencia, producto del Estado, como en las dictaduras sudamericanas, o en el caso de las guerras civiles, como en Centroamérica y el apartheid en Sudáfrica. Podría también aplicarse en México, cuya violencia es atípica o muy propia de la mexicanidad. Aunque tiene semejanzas con la de Colombia, hay también diferencias sustanciales. En Colombia, como sucedió en México durante la Guerra Sucia, e incluso durante el levantamiento zapatista, algunos de los grupos más violentos poseían o poseen aún una ideología política. Hoy ese sustrato no existe en ninguno de los grupos violentos que asolan a México. La violencia que padecemos es por el control de mercados y territorios. Frente a esa violencia descomunal y extraordinaria (que el derecho internacional califica de crímenes de lesa humanidad: ataques generalizados o sistemáticos contra población civil, entre los que están tipificados once delitos como lo son el asesinato, la tortura, las desapariciones, la privación de la libertad, la trata, etc.), las instituciones del Estado, hechas para atender situaciones ordinarias y deterioradas por la corrupción, se volvieron inoperantes. La única manera de enfrentarlas es utilizando la caja de herramientas de la justicia transicional y construyendo un entramado de mecanismos extraordinarios.
Antes de hablar de ellos, quisiera hacer un símil que me permitirá dejar más claro lo que busca la justicia transicional con esos mecanismos. Cuando apareció el virus del COVID-19 y se declaró la emergencia sanitaria, el mundo entero se dio cuenta de que ningún sistema de salud del planeta serviría para enfrentarla, y que era necesario crear mecanismos sanitarios extraordinarios. Bajo esa premisa se transformaron centros comerciales en hospitales, estacionamientos en morgues, hospitales tradicionales en hospitales COVID. Se echó a andar también una sorprendente producción de geles antibacterianos y cubrebocas. Los científicos se entregaron en cuerpo y alma a buscar una vacuna, y, cuando esas vacunas estuvieron listas, los Estados se dieron a la tarea de crear un enorme y eficiente aparato de distribución y vacunación. Es decir, se montó un aparato extraordinario de salud para atender lo extraordinario, puesto que las instituciones ordinarias creadas para ello no lo podían enfrentar.
La justicia transicional es de esa naturaleza: una caja de herramientas para construir cinco mecanismos que nos permitan como país enfrentar la violencia extraordinaria que vivimos.
El primero es el de la verdad. Los horrores que se han cometido durante los últimos veinte años nunca podrán ser entendidos ni explicados a la sociedad mediante sus aparatos de justicia tradicionales que están abocados, cuando funcionan, a encontrar la verdad de un crimen ordinario, particular. Para hacerlo, se necesita de un gran diagnóstico que pueda dar cuenta de lo que ha ocurrido y está ocurriendo. Eso sólo puede realizarse mediante comisiones de la verdad independientes, desvinculadas de cualquier partido político y, por supuesto, del gobierno. Cuando eso no sucede —el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es ilustrativo—, la verdad fracasa y, en consecuencia, la justicia. Porque es imposible hacer justicia sin verdad.
Esas comisiones deben estar dirigidas y compuestas por gente experta que se dedique a levantar miles de testimonios de víctimas, de perpetradores, de testigos, de funcionarios públicos; a indagar en investigaciones periodísticas y en expedientes judiciales con la finalidad de generar las narrativas necesarias que permitan explicar pedagógicamente a la sociedad las violencias que vivimos. No sólo la de sus actores materiales, sino también intelectuales; sus motivaciones, los vínculos entre grupos criminales, empresariales y actores políticos; sus maneras de operar, sus mercados, el tipo de violencias que producen, etcétera. Digo violencias, porque la violencia que se vive en Veracruz, junto con los factores que la originaron, la hace distinta de la de Tamaulipas, la de Baja California o la de Guerrero. Dichas narrativas deben ser divulgadas en los libros de texto, en las instituciones culturales, en los medios de comunicación.
El segundo pilar de la justicia transicional que se desprende de la verdad es, como su nombre lo dice, la justicia. Sólo a la luz de la verdad es posible hacerla y sólo a partir de ella se obtiene la paz. Sin embargo, esa justicia tiene limitantes que frisan el terreno de lo filosófico. En el mundo tradicional de los derechos humanos se dice que todas las personas tenemos todos los derechos siempre. Uno de ellos es el de la justicia. Sin embargo, cuando la violencia es tan grande y extraordinaria, es imposible que eso se cumpla. Pensemos, por ejemplo, en el genocidio de Ruanda. Fue humanamente imposible llevar ante la justicia a todos aquellos que tomaron un cuchillo, un machete o un palo y asesinaron a 800 mil tutsis. De aplicarse la justicia transicional en México nos enfrentaremos al mismo problema. En los últimos tres sexenios se han asesinado a cerca de 400 mil personas; se han desaparecido a más de 100 mil; decenas de miles han sido torturadas y cientos de miles han tenido que desplazarse a causa de la violencia. Agreguemos a ello otros cientos de miles de personas víctimas de trata con fines de explotación sexual, de reclutamiento forzado de menores, incluso con fines de esclavitud, y la explotación de tierra y territorio en comunidades indígenas. La cantidad de víctimas es tan abrumadora, que pensar que puede haber un proceso de justicia para cada una de las víctimas, es absurdo por imposible. Ante ello, lo único que puede hacer el mecanismo extraordinario de justicia es, a la luz de la inmensa verdad que se realizaría, dar un mínimo de justicia al máximo número de víctimas. Es decir, en lugar de hacer justicia caso por caso, lo que jurídicamente hablando es imposible, se hace justicia a partir de los fenómenos que el proceso de verdad hizo visible. Así, en lugar de buscar a los responsables materiales de tal o cual crimen, se busca y se enjuicia a los máximos responsables de los peores crímenes. Es lo que se hizo en Argentina, por ejemplo, donde se juzgó a la cúpula de las Juntas Militares, como lo muestra magníficamente la película Argentina 1985, que puede verse en Amazon Prime, y que recomiendo ver. Lo que en cambio suele hacer el Estado cuando alguno de los cientos de miles de crímenes que padecemos logra concitar la indignación y el reclamo ciudadano, es detener a los autores materiales o procesar a uno sólo de los máximos responsables de la violencia, como en el caso de García Luna o del “Chapo Guzmán”, quienes, además, no están en la cárcel por crímenes de lesa humanidad, sino por tráfico de influencias, tráfico de drogas, enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa… Ello deja intactas a las redes criminales, políticas y empresariales, responsables de que la violencia y la impunidad continúen.
El tercer pilar de la justicia transicional son los mecanismos extraordinarios de reparación, que no deben entenderse como mecanismos de indemnización: un cheque a cambio de tu sufrimiento, como sucede, por desgracia, con la CEAV, de la que hablaron al principio, y que ha convertido a las víctimas en una especie de clientela política a la que se le entregan dádivas. Las medidas de reparación tienen más bien que ver con reparaciones colectivas simbólicas. Por ejemplo, la petición de perdón de parte del Estado y de los perpetradores, el acompañamiento psicológico y médico, con apoyos para la educación, la vivienda y las oportunidades de trabajo.
El cuarto pilar, que está vinculado con los otros tres, es el mecanismo de no-repetición, que implica reformas profundas a muchas instituciones del Estado. Pongo de nuevo el ejemplo de la Guerra Sucia en México.
Muchos años después de aquellos sucesos, durante el periodo de la llamada Transición Democrática, Vicente Fox intentó por vez primera hacer una especie de justicia transicional, la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMPOSSOP), que, conducida por el propio gobierno y sin los suficientes apoyos, terminó en el fracaso. Si realmente hubiese habido un proceso de verdadera justicia transicional, lo primero que debió haberse hecho era poner controles a las Fuerzas Armadas, responsables de las represiones, matanzas, y desapariciones de aquel período; habría sido necesario también reformar las fiscalías y crear un sólido aparato de búsqueda de desaparecidos —los desaparecidos de la guerra sucia jamás fueron buscados; teóricamente están siendo buscados hasta ahora— y hacer todas las reformas administrativas, educativas, económicas, pedagógicas, y legales necesarias para evitar la repetición de la violencia. No se hizo así, porque jamás hubo un mecanismo serio de verdad que en su diagnóstico hubiera arrojado una enorme cantidad de sugerencias que habrían redundado en ese tipo de cambios institucionales. Una buena parte de la violencia que hoy vivimos tiene su origen allí.
Finalmente, el último pilar de la justicia transicional es la memoria, que también es una medida de satisfacción, pero más profunda, y parte de las medidas de no repetición. A través de ella, las sociedades se vacunan contra la violencia. Incluye los memoriales, que no son monumentos. A diferencia de estos, que son creaciones del Estado y son fálicos, es decir, verticales, expresiones del poder, los memoriales son colectivos y horizontales. Son la memoria que una sociedad desgarrada en sus víctimas se da a sí misma. Se expresa mediante obras artísticas, novelas, poemas, obras de teatro, música, películas, y tiene, como dije al principio al hablar de la verdad, que llegar a las aulas, a los museos, y expresarse en conmemoraciones.
Como ven, la justicia transicional es compleja y, pese a que es lo más eficiente que el derecho ha encontrado para construir la paz y transitar a un Estado de Derecho, no siempre tiene éxito. Ha habido aplicaciones fallidas. Es también un proceso largo y doloroso. No puede llevarse a cabo en un periodo de gobierno y por lo mismo requiere de acuerdos de Estado y de todas las fuerzas políticas, al margen de sus diferencias ideológicas; debe hacerse también de manera independiente, con seriedad, y con los recursos necesarios y suficientes durante todo el proceso. Repito, esa justicia no garantiza el éxito, pero hasta ahora es lo mejor que se ha encontrado en la región para ir paliando situaciones de violencia como la mexicana.
Conspiratio: El planteamiento teórico es espléndido y al escucharlo uno queda prácticamente deslumbrado. Pero quisiéramos hablar ahora de las reticencias y tensiones por parte del Estado y de los gobiernos para diseñar una política de esa naturaleza y llevarla a cabo.
Al inicio de nuestra conversación recordábamos el acuerdo que López Obrador hizo con las víctimas en Tlatelolco para hacer posible esa justicia y luego de su traición una vez que asumió el poder por completo. Eso habla de las tensiones que hay al interior del Estado y del modo en que ha sido capturado en distintos niveles por el crimen organizado. De poder algún día abrirse la posibilidad de un proceso de justicia transicional en México, ¿cómo lidiar con las tensiones?
Jacobo Dayán: Los grupos que inicialmente generan una gran tensión son los aparatos de seguridad. En nuestro caso, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, y las policías federales y estatales. Son partes importantes del poder y saben que, de aplicarse una justicia de este tipo, tendrán que enfrentarse con ella. A menos que haya un acuerdo nacional y se vean obligadas a pasar por este proceso, estos aparatos la vuelven imposible. Hay otra reticencia y es, por lo general, de las víctimas que deben de sacrificar aún más la justicia que se les debe. Difícilmente las víctimas entienden que para obtener el testimonio de los perpetradores e ir iluminando y desmontando las redes de complicidad, hay que rebajar las penas. Es lo que en nuestro aparato de justicia ordinario llaman “criterio de oportunidad” que, por lo demás, ha sido mal utilizado. En el caso de los perpetradores de rango más bajo —sicarios, policías, soldados, halcones, que cometieron crímenes por órdenes superiores— se aplica a veces lo que se llama justicia restaurativa, en la que a cambio de verdad, se cambian años de cárcel por años de trabajo comunitario y, después, por oportunidades de trabajo. De lo contrario dejas a esos seres a la deriva y volverán a delinquir. Aceptar esto en una sociedad que tiende a la punición, es complicado y también genera tensiones.
Hay otras tensiones que tienen que ver con los grupos criminales. Si los aparatos de justicia son reticentes y generan tensiones, imaginen las organizaciones criminales. Con ellos, como sucede en Colombia con las FARC y otras organizaciones criminales, el Estado, al entrar en ese proceso, tiene que dar algo a cambio. Ninguna organización criminal va a desmovilizarse o a abandonar sus actividades sin eso. Es un asunto muy delicado y doloroso. Pongo de nuevo otro ejemplo. Supongamos que México entra en ese proceso. Tendría, es un mero ejemplo, que acordar con ellos que se respetarán sus activos, obtenidos de manera ilegal, a cambio de sus armas y su desmovilización. Por ello se necesita un pacto nacional, un gran acuerdo. En la justicia transicional se necesita de todo el Estado.
Conspiratio: ¿Ves en este momento en que empieza la disputa electoral de los partidos por la administración del infierno, que alguno de ellos pretenda retomar la agenda de la justicia transicional? Hay un muy buen material en los documentos que se trabajaron en 2018.
Jacobo Dayán: A menos que surja una candidatura que tenga la suficiente altura política y moral para entender la gravedad del problema es imposible llevarla a cabo, y por ahora esa posibilidad no se ve por ningún lado. Con los niveles de polarización y encono que vivimos y que se suman al crecimiento de la violencia, es imposible que Morena o la coalición opositora llame a su contraparte a un pacto de unidad para construir una agenda de verdad, justicia, y paz. Pero en política, que es el territorio de lo impredecible, pueden suceder cosas inesperadas. Pienso otra vez en Colombia. A principios del siglo XXI, cuando Álvaro Uribe, un hombre identificado con la derecha, llegó al poder, no creó las condiciones para una política de justicia transicional. Por el contrario, fue un férreo opositor. Sin embargo, su hijo político, Luis Manuel Santos, que durante el mandato de Uribe fue el encargado de la seguridad y quien en 2010 lo sucedió en la presidencia, comenzó a aplicarla como un asunto prioritario y logró no sólo un pacto con la izquierda, sino que se sentó con las FARC a negociar su desmovilización. ¿Quién iba a decirlo? La pregunta, sin embargo, es si tendrá esa altura quien llegue a la presidencia en México en 2024. A menos que suceda algo inesperado como en Colombia, mi pronóstico es que seguramente en las campañas aparecerá de nuevo el tema, que tanto Morena como la coalición dirán que la asumirán y que luego, como lo hicieron Peña Nieto y López Obrador, la traicionarán o la desvirtuarán. Si no hay tracción social que exija esto, sólo habrá más violencia. Hasta el momento las propuestas de algunos de los que quieren ser candidatos a la presidencia apuntan hacia allá. Claudia Sheinbaum pretende continuar confiando en las Fuerzas Armadas. Ningún proceso de justicia transicional podría iniciarse cuando se profundiza en la militarización. Del lado opositor hay muchas ocurrencias, pero ninguna propuesta.
Conspiratio: Este número de Conspiratio es un esfuerzo más por poner en la conciencia pública la necesidad de tomarnos en serio la agenda de justicia transicional.
Jacobo Dayán: Un esfuerzo loable, que se suma a lo que hicimos en 2018. Pero si esta agenda no la apoyan los medios masivos de comunicación, no habrá posibilidades de hacer la pedagogía social necesaria para generar presión. Recuerdo que durante los diálogos del Movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad que se celebraron en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, Javier Sicilia le dijo a Felipe Calderón que era la última oportunidad para salir del infierno antes de que esto se volviera incontrolable. Entonces había cinco grandes grupos criminales que podían haberse enfrentado todavía con las instituciones ordinarias. No se hizo. Se continuó con la misma política que había desatado el horror y, lo que ahora tenemos, son cientos de grupos criminales brutalmente armados y todos los partidos, junto con el Estado, penetrados por ellos. Cuando entremos en el proceso electoral, lo que vamos a ver son decenas de candidatas y candidatos asesinados, amenazados o impuestos por el crimen. Lo que requerimos son soluciones extraordinarias. Pero parece imposible llegar allí por ahora.
Conspiratio: Habrá que recurrir a instancias internacionales.
Jacobo Dayán: No es buena época, por desgracia. Después de la Guerra Fría, esos mecanismos multilaterales funcionaron medianamente. Hoy, están atascados. A raíz de la guerra en Siria, de la crisis migratoria en todo el planeta, de la guerra en Ucrania, del conflicto Palestino-Israelí, México es la prioridad 146 (por decir algún número) para la comunidad internacional. Pese a ello y contra toda esperanza hay que seguir luchando por llevarla a cabo.