Jorge Peniche Baquiero es especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional. Ha dedicado parte de su actividad a la agenda de justicia transicional para México; es miembro del Comité Ejecutivo de #PropuestaMX, integrante de Seguridad sin Guerra. Cuenta con una maestría en International Legal Studies por New York University con enfoque en Impunity, Transitional Justice and Legal Theory.
Conspiratio: En la complejidad de la justicia transicional, una justicia que muchos, como tú, creemos que debe aplicarse en México para poner coto a la violencia que padecemos y trazar un camino hacia la paz, hay junto a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la memoria, un pilar que tiene que ver directamente con la paz: las garantías de no repetición.
Jorge Peniche: Así es, y ese pilar, tan importante como los otros, tiene una característica propia: al mismo tiempo que no puede existir sin los otros, no se sostiene como ellos en el pasado, es decir, en lo que sucedió, sino que se dirige hacia adelante. Sólo cuando tenemos verdad, justicia y reparación es posible comenzar a garantizar la no repetición de la violencia y recuperar la paz o, al menos, un tipo de violencia que puede ser contenida por las instituciones ordinarias que los Estados crean para ello. Esta cuestión, debo confesarlo, me quita el sueño cuando pienso en México. Es como si quisiera agarrar agua: se me escurre por las manos.
Por lo general, para garantizar la no repetición es necesario reformar las instituciones del Estado, particularmente las de seguridad y justicia, a partir de lo que mostraría la verdad sobre sus deficiencias para combatir la violencia y sus colusiones con ella. Sin esa verdad es imposible reformarlas. Esto ha funcionado bien en Estados que vienen de rupturas democráticas, como Argentina y Chile, donde, antes de ser presas de las dictaduras, sus instituciones se desempeñaban conforme a un Estado de Derecho. Habían vivido una anomalía, y una vez salida de ella, se prometían y prometían a la gente que, mediante cierto tipo de reformas, sus instituciones recobrarían la salud. Pero cuando se habla de México, la cuestión se vuelve muy compleja. En primer lugar, porque desde el gobierno de Felipe Calderón vivimos un estado de violencia atroz y atípico, en el sentido de que no proviene de una dictadura. En segundo lugar, porque desde su nacimiento en el siglo XX con la revolución mexicana, la justicia no ha formado parte de la labor del Estado. La paz que hubo no era fruto de ella, sino de la impunidad de la violencia caciquil y del uso discrecional de la ley. Eso que mantenía una estabilidad en lo macro y no en lo micro, se exacerbó en los últimos 15 años con el crimen organizado. Me parece que los capos funcionan ahora como los viejos caciques del PRI, pero de manera más perversa e impune.
En el caso de que algún día llegáramos a realizar un proceso de justicia transicional, la pregunta que me hago y que debemos hacernos, es de qué manera reformar instituciones que nunca han conocido el Estado de Derecho y garantizar o al menos prometer que lo atroz no volverá a repetirse. La misma noción de garantías de no repetición, ni siquiera ha estado presente en esas simulaciones de justicia transicional que se han realizado para supuestamente esclarecer los crímenes de la Guerra Sucia o de Ayotzinapa. Buscar garantías de no repetición en este país, es aún más complejo que buscar la verdad y la justicia. Las propias instituciones del Estado las repelen. Nuestro Estado ha demostrado que tiene una gran capacidad para jugar mano a mano con el crimen organizado y obtener utilidades de todos los costos asociados con la violencia que producen los mercados ilícitos.
Antes de preguntarnos cómo garantizar que no se repita la violencia asociada a la guerra contra las drogas, habría que preguntarnos cómo hacer para evitar el ejercicio indisciplinado y criminal del Estado que, en su corrupción e impunidad, consiente y propicia la violencia.
Conspiratio: Tu tesis nos recuerda el argumento del libro de Caludio Lomnitz, El tejido social rasgado, que reúne las seis conferencias que impartió en El Colegio Nacional en 2021. En él señala, como tú, que México jamás ha tenido un Estado de Derecho, que ha usado la legalidad de manera ilegal para mantener el orden.
En donde, sin embargo, parecen diferir es que para Lomnitz la violencia que hoy sufrimos es producto de un conjunto de reformas a los aparatos judiciales que tanto Estados Unidos como Canadá exigieron a México para firmar el TLC. Esas reformas, dice, hicieron que el propio Estado perdiera su capacidad ilegal de regular tanto la economía informal como la ilícita, dejando que el crimen organizado lo penetrara. Por el contrario, para ti, la violencia del crimen organizado es la consecuencia de la ausencia de Estado de Derecho que siempre ha formado parte del Estado mexicano; es, digamos parafraseando a Clausewitz, la continuación de la violencia del Estado por otros medios.
Jorge Peniche: Me parece que ese tejido social rasgado, del que habla con mucha penetración Lomnitz, es en el fondo la puesta al desnudo de la rasgadura del Estado. Cuando a un Estado, que jamás ha tenido Estado de Derecho, le quitas, como señala Lomnitz, a un actor que manejaba la conflictividad de manera ambigua y violenta, lo que tienes es la violencia abierta del crimen organizado que se agudiza con la precarización y la marginación de muchas capas de la sociedad. Ciertamente Lomnitz tiene razón al decir que a partir del TLC ha habido reformas de las instituciones judiciales. El problema es que han sido meramente administrativas. Los exámenes de confianza, por ejemplo, o generales como las que en 2021 realizó el juez Zaldívar que dejó intocadas las regiones y las localidades, nunca se hicieron con el objetivo de garantizar la no repetición de las violencias. Para Lomnitz, ese aparente saneamiento de las instituciones judiciales abrió la puerta del Estado al control del crimen organizado. Para mí, sin embargo, han sido un simple maquillaje que le han permitido al Estado continuar administrando el conflicto que desde Calderón se agudizó. Pudo verlo en Nayarit, donde hicimos un largo y profundo diagnóstico. Lo que encontramos allí es que, durante 21 años, las desapariciones y la violencia letal no han dejado de suceder en los mismos pueblos, los mismos barrios y las mismas colonias. A veces bajan, a veces suben. Lo que muestra la forma en que el Estado administra el horror.
En 2011, las movilizaciones y la presión realizadas por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, mostró esa simulación del Estado. Pero no fue suficiente.
Para enfrentar esta realidad, se necesitan medidas mucho más radicales que no se ven por ningún lado. Lejos de ello, la falta de compromisos de la clase política para enfrentar la tragedia, anuncia que la violencia se hará peor.
Conspiratio: Más allá de la descripción que haces de la realidad del Estado mexicano y de lo imposible que en un Estado así podamos aspirar no sólo a garantías de no repetición, sino a la verdad y a la justicia, nosotros creemos que esto que vivimos tiene una raíz más profunda que toca al mundo entero: una crisis civilizatoria que desde la Segunda Guerra Mundial y, luego, con la caída del muro de Berlín, se ha ido agudizando, una crisis que tiene que ver con la imposibilidad cada vez mayor de los Estados para cumplir con su vocación fundamental, que es procurar a la gente seguridad, justicia y paz. Se ve no sólo en lo que has descrito del Estado mexicano, sino también en el regreso a regímenes totalitarios en muchas partes de Latinoamérica o en el retorno de partidos de ultraderecha en países de larga raigambre democrática, como en Estados Unidos, por ejemplo. Parece que frente al desmoronamiento del Estado, la gente prefiere sacrificar sus libertades por una seguridad basada en la represión que, lejos de garantizar la no repetición de la violencia, la continúa, como lo han mostrado las dictaduras del pasado.
Jorge Peniche: Una tentación que en México es muy clara. No obstante, el autoritarismo con el que ha gobernado López Obrador, su política de “abrazos no balazos”, que ha dejado intacto al crimen organizado, y en el abandono a las víctimas, la tentación de muchos grupos es volver a la política de los balazos y de una mano dura contra los criminales. Pero en uno y otro caso, lo que es evidente es la falta de entendimiento de la necesidad de reformas muy profundas y radicales en los aparatos judiciales y en muchas de las instituciones del Estado para garantizar que la violencia se detenga y no se repita. Esto tampoco podrá hacerse sin el entendimiento de que necesitamos, antes, mostrar la verdad que la ha provocado.
Ese hueco, sin embargo, lo han estado llenando las víctimas. Pienso, por ejemplo, en el trabajo que realizan las madres buscadoras. Me parece que, con su labor, al mismo tiempo que hacen un acto de verdad y de justicia —encontrar desaparecidos lo es— anuncian y exigen que eso no debe repetirse y presionan de alguna manera al Estado.
Hay otras tareas que apuntan hacia allá, como los procesos de memoria que, junto con grupos de la sociedad civil, realizan las víctimas, los talleres de prevención de la violencia y las movilizaciones sociales.
En apariencia, esas acciones no parecen gran cosa frente a la dimensión de la tragedia, pero, al proponer un retorno a formas muy básicas de convivencia, crean una pedagogía que, como digo, presiona al Estado y llama a repensar la comunidad política. En este sentido, la justicia transicional y, en consecuencia, las garantías de no repetición no debemos entenderlas como un punto de llegada, sino como un proceso que se va construyendo mediante estrategias muy variadas y mediante reivindicaciones profundamente éticas que vienen de abajo y de diversas regiones del país.
Conspiratio: Esos procesos llevan ya muchos años de haberse iniciado. Aunque ya estaban antes en algunas regiones del país, podemos situarlos hace 15 años, cuando el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad les dio una dimensión nacional y coordinada. No obstante que ahora las víctimas y las organizaciones se encuentran fragmentadas y no han logrado articular de nuevo una agenda común de mínimos para generar una gran movilización nacional, una buena parte de esas organizaciones tiene claro que es necesario que el Estado articule ya una política basada en la justicia transicional. Fue la propuesta y el acuerdo que se tuvo con López Obrador en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco ya como presidente electo. Luego, inexplicablemente la traicionó. Las consecuencias están a flor de piel a lo largo y ancho del país: un aumento descomunal de homicidios, feminicidios, masacres, desapariciones forzadas, fosas clandestinas, extorsiones y terror. Pese a ello, hay avances: antes de esa traición se produjeron, junto con la Secretaría de Gobernación, un conjunto de documentos que contienen lo que podría ser una política de justicia transicional para México. ¿Crees que, estando el país como está, sabiendo que la violencia se volverá más brutal con la disputa electoral que se avecina, algún candidato o algún partido pueda tomar en serio esta agenda y los procesos que llevaron a ello?
Jorge Peniche: No lo creo. Lo que ha pasado en estos años, particularmente en el último, debería haber llevado a la clase política a un planteamiento de esa naturaleza y, sin embargo, lo que hemos visto es una enorme capacidad de resiliencia del Estado para resistir el escrutinio y la rendición de cuentas. No veo, en este sentido, ninguna verdadera voluntad de parte de la clase política ni del actual ejecutivo de entrar en un proceso de esa naturaleza. Puede, sin embargo, suceder si se presiona con más fuerza al Estado desde las organizaciones de la sociedad civil. Es un tema ineludible en el que nos jugamos la vida de la nación y debemos ser muy estratégicos para posicionarlo. Lo decía el relator especial de la ONU sobre la Verdad, la Justicia y la Reparación: el poder público no viene por gusto a sentarse a una mesa a hablar; hay tristemente que traerlos por la fuerza. Hay que seguir presionando; hay que seguir generando procesos. No veo por ahora otra cosa en el horizonte.