José Antonio Guevara es abogado. Fue presidente e integrante de 2014 a 2020 del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria. Por más de veinte años ha sido defensor de los derechos humanos desde distintos ámbitos y diversos foros y universidades. Aquí conversamos con él sobre el segundo de los pilares de la justicia transicional: la justicia.
Conspiratio: En la conversación con Jacobo Dayán se explicó a grandes rasgos qué es la justicia transicional y se mencionaron los cinco pilares que la constituyen: la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición, y la memoria. ¿A qué tipo de justicia nos estamos refiriendo cuando hablamos de justicia transicional?
José Antonio Guevara: Hablar de justicia implica hablar de un término central en la filosofía y la teoría política. Acercarse desde esas perspectivas resultaría demasiado amplio y complejo. Aquí quisiera hacerlo desde un plano más simple y quizás reducido. En términos muy generales la justicia de la que estamos hablando no es sino el derecho que tiene todo ser humano a que lo que constituye su dignidad no sea violentado por la autoridad, ya sea mediante actos por comisión, omisión o porque ella misma tolera que particulares ejerzan violencia sobre otros sin ser castigados. Cuando eso sucede, las personas afectadas pueden acceder a un tribunal imparcial e independiente, denunciar el acto y lograr que la autoridad judicial procese y, en su caso, castigue a los responsables.
México está adherido a los principales tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos que protegen esos derechos y que tienen tribunales —la Comisión Interamericana o a la Corte Interamericana— para hacerlo. Cuando un caso de violación a los derechos humanos llega a ellos, esos organismos tienen la facultad no sólo de recomendar, sino incluso de ordenar al Estado donde se desarrolló el crimen, que investigue, procese, y castigue a quienes lo cometieron.
Por lo general, en una democracia ese tipo de violaciones de derechos humanos son excepcionales y, aunque se puede, no hay necesidad de recurrir a esos tribunales. Cuando, por ejemplo, un agente del Estado encargado de la seguridad pública comete el delito de torturar a una persona para obtener información, la asesina o la desaparece, el aparato de justicia ordinario del Estado debería bastar para remediarlo. El problema se complica cuando esos delitos se vuelven masivos y sistemáticos, y los Estados están rebasados para hacer justicia. Es en esos momentos cuando los tribunales supranacionales funcionan, porque ya no estamos hablando de violaciones a los derechos humanos, sino de crímenes internacionales. Me parece que con esta distinción tenemos ya algunos elementos para entender qué es la justicia desde la perspectiva de los derechos humanos y qué es la justicia cuando se cometen violaciones de derechos humanos de manera masiva o sistemática en contra de la población de un determinado país.
Conspiratio: Ahondemos en esta noción de crímenes internacionales.
José Antonio Guevara: El Derecho Internacional reconoce que hay ciertos crímenes que, por su dimensión, o por el involucramiento de agentes del Estado, dejan de considerarse como simples violaciones a los derechos humanos porque afectan la conciencia de la comunidad internacional en su conjunto. Por ejemplo, los crímenes de guerra, los de lesa humanidad, el genocidio. Hay algunos otros relacionados con el medio ambiente y, por supuesto, los que tienen que ver con la delincuencia organizada. Los elementos que deben reunirse para poder calificarlos así son abundantes y podemos discutir, cuando lo consideren oportuno, a qué clase de crímenes nos referimos en el caso de México, ya que ello ayudaría a entender el tipo de violencia que padecemos y, por consiguiente, qué tipo de respuesta nacional e internacional se requiere para hacer frente a esta situación extraordinaria.
Conspiratio: Antes de llegar allí, acláranos algo. Más allá de las distinciones que has hecho entre violación a los derechos humanos y crímenes internacionales, podemos decir que ambos tienen como base los derechos humanos y que dichos derechos son universales y válidos en todas partes, es decir, que no hay un lugar en el mundo en el que pudieran ser distintos o no válidos.
José Antonio Guevara: Exacto, principalmente desde 1945, en que la Carta de la Naciones Unidas, que fundó a la ONU, estableció que las violaciones a esos derechos dejan de ser asunto exclusivo de la jurisdicción interna de los Estados o del poder soberano de los Estados para volverse también parte de la comunidad internacional. Desde ese momento, la ONU no sólo desarrolló las normas que protegen esos derechos, sino también, a lo largo del tiempo, múltiples mecanismos para supervisar el comportamiento de los Estados y sus obligaciones con respecto a ellos. Dichos mecanismos se aplican cuando, en lo individual, el Estado no es capaz de hacer justicia, porque no quiere o no puede. En ese tipo de casos, en donde el Estado tiene aún capacidad para ejercerla, la comunidad internacional cuenta con instancias para solicitar que lo haga. Cuando, en cambio, las violaciones se cometen a gran escala o como parte de una política de Estado, entonces, como dije, la responsabilidad recae plenamente no sólo sobre el Estado infractor, sino sobre toda la comunidad internacional y, en ciertos casos, la comunidad internacional se arroga el derecho de intervenir de forma directa, como sucedió por vez primera en 1945, cuando en la llamada Conferencia de Londres, el conjunto de Estados que forman parte de la comunidad internacional reconoció el derecho de llevar a juicio a muchos de los máximos responsables del genocidio nazi y se llevaron a cabo los juicios de Núremberg. Sucedió al año siguiente en Tokio. Luego en 1991, 1943 y 1994, con la creación de los tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda. Lo que quiero decir con esto es que desde 1945 los derechos humanos dejaron de ser asunto de la jurisdicción interna de los Estados y la comunidad internacional puede y debe involucrarse en casos de violaciones de derechos humanos, en particular cuando se cometen a gran escala o de manera masiva o sistemática.
Conspiratio: Vayamos ahora sí a México. Por lo que has dicho, y en espera de definirla, la violencia que padecemos cae dentro de los parámetros de crímenes internacionales: no sólo es sistemática y masiva, sino que el Estado es incapaz de contenerla o está involucrado en ella. Sin embargo, mucha gente todavía piensa que esa violencia no ha llegado hasta allá y que puede contenerse con los aparatos de justicia ordinarios. ¿Cómo definirla y qué tipo de modificaciones se requerirían en el marco legal mexicano para admitir que lo que sucede aquí debe elevarse al plano internacional?
José Antonio Guevara: Quiero situar el problema en la impunidad. ¿Por qué, frente a las atrocidades que vivimos, hay una impunidad casi absoluta? ¿Qué resistencias la hacen posible? Me parece que hay que ubicar estas últimas en tres niveles. Primero, el de los burócratas encargados de la procuración de justicia —policías, ministerios públicos, fiscales— que se niegan a reconocer su incompetencia intelectual y técnica para investigar crímenes que han adquirido dimensión internacional, es decir, que se cometen a gran escala, y en los que debe buscarse no tanto a los perpetradores materiales, como a quienes, en la estructura de poder, permiten, toleran, fomentan, y ordenan esos crímenes. Si tuvieran esa capacidad, sabrían que los crímenes atroces que padecemos, y que deben tipificarse como crímenes de lesa humanidad, sólo pueden cometerse cuando los máximos responsables del poder político los autorizan, los consienten, los ordenan y forman parte de una política de Estado. Es lo que los países entendieron en 1945, incluso antes, en la Primera Guerra Mundial, cuando los aliados que ganaron la guerra trataron de juzgar sin éxito al Káiser Guillermo II de Hohenzollern. En el Tratado de Paz de Versalles, en 1919, ya había un artículo que buscaba llevar a juicio a los máximos responsables. La burocracia de los aparatos de justicia en México ignoran todo eso y, por lo mismo, se niegan a reconocer que no tienen la capacidad de realizar ese tipo de investigaciones. Lo minimizan y hacen creer a muchos que hacen su trabajo cuando llaman a testificar a tres personas y luego tratan de encapsular el caso refiriéndolo a los perpetradores directos, como si se trataran de crímenes ordinarios. Esos argumentos prevalecen en la mayor parte de las discusiones con los actores políticos.
Un segundo nivel se relaciona con el argumento soberanista que participa, de alguna forma, de la ignorancia de las burocracias de los aparatos de justicia. Recuerdo, a manera de ejemplo, que hace unos años, la organización internacional Open Society Justice Initiative publicó un informe que incluía un apartado sobre las atrocidades innegables que suceden en México. Ahí se recomendaba la creación de un mecanismo internacional de justicia similar al que se creó, en su momento, en Guatemala: la Comisión Internacional para Combatir la Impunidad, pero adaptada a los problemas de México y a los temas de impunidad relacionados con la protección a la persona humana, por decirlo de manera simple. Recuerdo que tuve al respecto una conversación con un alto funcionario del gobierno, que ahora es académico. Esta fue su respuesta: “Sobre mi cadáver voy a permitir que la soberanía de México sea vulnerada con una afrenta de esta naturaleza”.
Esa mentalidad rancia que ignora no sólo lo que ha sucedido en el mundo, sino también la necesidad de justicia que requieren las víctimas, está muy extendida en México. Como si no hubiese sucedido nada desde 1945 en el derecho internacional, y como si México, miembro de la ONU, no hubiese participado activamente en la construcción de la maquinaria internacional para enfrentar ese tipo de crímenes, aquella mentalidad rancia considera que toda violencia, incluso la que estamos padeciendo a gran escala, es asunto de la jurisdicción interna de México. Ya quiero ver la reacción de esos soberanistas cuando la comunidad internacional, la Corte Penal Internacional o algún país con el que tengamos relaciones cercanas, ponga en la agenda bilateral con México la necesidad de que se tomen medidas extraordinarias de justicia para poder hacer frente a la impunidad que reina en el país.
Por último, en un tercer nivel están los argumentos políticos que se niegan a aceptar que estamos frente a crímenes de lesa humanidad e insisten que se trata de simples violaciones a los derechos humanos que puede atender la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese mismo nivel se encuentran también quienes dicen que la situación de México no es un conflicto armado, sino un tipo de violencia que, ciertamente, requiere de la participación de los militares, pero cuyo nivel de intensidad es tan bajo que no permite hablar de un conflicto armado de carácter internacional. Se encuentran asimismo quienes dicen que los presidentes que en México generaron esta violencia no se tocan, que los secretarios de la Defensa Nacional no se tocan, porque actuaron en acuerdo con las atribuciones que les permite la Constitución y no lo hicieron con intenciones criminales, sino como parte del funcionamiento normal de las instituciones.
Estos son los obstáculos que enfrentamos a diario y que evitan la respuesta internacional que tendría que haber para enfrentar las atrocidades que se han cometido y se están cometiendo en México.
Conspiratio: Esta distinción que haces entre México como suscriptor y partícipe de acuerdos, reglamentos y leyes internacionales, y esto que has denominado muy bien como soberanismo, genera un impasse, una imposibilidad de que algún día podamos acceder verdaderamente a la justicia. ¿Tú crees que esta esquizofrenia, por llamarla de algún modo, pueda resolverse en términos políticos o requiere de un arbitraje?
José Antonio Guevara: Pienso que en las actuales condiciones políticas del país, con el presidente que tenemos y la burocracia que gira a su alrededor y cuya característica es la obediencia ciega, no hay posibilidad de que algún tipo de alternativa política real pueda generarse para enfrentar la tragedia y salir del atolladero. Es posible, sin embargo, que la coyuntura electoral pueda abrir una ventana de oportunidad, como sucedió en 2018. Pero también, como sucedió ese mismo año, puede aparecer otro candidato o candidata que mienta sistemáticamente y prometa cosas que nunca cumplirá, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador en especial con esta agenda. Como quizá se habrá narrado ya en este volumen de Conspiratio, hubo, durante el proceso electoral de 2018, un encuentro con los principales candidatos a la presidencia de la República. López Obrador se comprometió a tomar la agenda de justicia transicional que estábamos impulsando desde la sociedad civil. La idea era crear un mecanismo internacional para el combate a la impunidad mediante la creación de una gran Comisión de la Verdad que pudiera abordar los diferentes temas de violencia que se han suscitado en México desde los años sesenta a la fecha, de un programa de reparaciones lo suficientemente ágil para remediar los deficientes y burocráticos trabajos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de sus comisiones locales, y asegurar la participación activa de las víctimas en el diseño y ejecución de todos estos mecanismos. López Obrador, insisto, lo prometió en el mes de mayo. La Universidad Iberoamericana hizo unos clips que pueden encontrarse en YouTube. En septiembre, ya como presidente electo, se hizo otro encuentro público en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco para refrendar el compromiso, que también puede verse en YouTube. Estaban, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, colectivos de víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y varias ONGs; del lado del gobierno, López Obrador, miembros del equipo que ocuparía la Secretaría de Gobernación —Olga Sánchez Cordero y Alejandra Encinas—. Allí, López Obrador se comprometió de nuevo con esta agenda y le encomendó a la burocracia de Gobernación que trabajara con nosotros. Luego nos cerraron la puerta y nunca más hemos vuelto a saber de esa agenda. Han hecho, en efecto, algunas simulaciones que, de alguna manera, han llamado la atención a nivel nacional e internacional, como la creación de comisiones gubernamentales de la verdad para Ayotzinapa y la Guerra Sucia, que en nada se asemejan a comisiones de la verdad de las dimensiones y características que el país necesita para recuperar la verdad de lo que ha sucedido a lo largo de estos años de violencia.
No obstante esto y la posibilidad de que vuelva a surgir un candidato que, como López Obrador, mienta, la coyuntura electoral abre la posibilidad de que esa agenda de justicia transicional pueda llevarse a cabo, sobre todo con la candidata de la oposición. Sería, sin embargo, necesario, me parece, el arbitraje y la presión internacional. Para ello veo dos posibilidades. Una, políticamente muy compleja, porque requeriría de alguien importante de la comunidad internacional que decida que México no puede seguir así, que estamos ante una violencia que no afecta sólo a los mexicanos sino a la región. Hay suficientes elementos para ello. Por ejemplo, el importante flujo de desplazados internos a causa de la violencia y de los conflictos armados, que se mueven de un Estado de la República a otro y que comienzan a cruzar la frontera para solicitar asilo o refugio. Está también la violencia impune del crimen organizado que se está exportando a otros países. Ya hay, en este sentido, presencia de cárteles mexicanos en Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, y Colombia. Esa impunidad, solapada por las instituciones del Estado mexicano, se ha vuelta también una amenaza real para Estados Unidos que afirma que algunas de esas organizaciones criminales tienen más de 40 mil personas afiliadas participando de manera activa como miembros armados o como parte de la burocracia que permite mover grandes cantidades de dinero y comprar una gran cantidad de armas.
Si se toma en cuenta esto, la comunidad internacional podría, desde diferentes órganos políticos de Naciones Unidas, presionar a México y buscar que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU cree un mecanismo de investigación, normalmente integrado por tres o cinco personas, para delimitar las responsabilidades personales en las atrocidades cometidas en México. Ese tipo de mecanismos, que no requiere del consentimiento del Estado, se han conformado, por ejemplo, en Nicaragua y Venezuela, y han publicado informes muy interesantes en donde identifican la responsabilidad potencial penal de altos dirigentes de los gobiernos por los crímenes atroces cometidos en ambos países. Esto puede ser una vía que podría ayudar políticamente a poner el foco de atención de la comunidad internacional en México.
Otra vía, un poco más sencilla, dependería del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En 2005, el Alto Comisionado visitó el país y quedó escandalizado por las atrocidades que vio. En su declaración final dijo que, aunque México no parece un país en guerra, las cifras de muertos, desaparecidos, torturados, desplazados, hacen pensar en ello. No sabía cómo calificarlo, pero dejó claro que esas cifras son las de un conflicto armado. Recomendó entonces la creación de un panel de alto nivel de expertos y expertas para que se analizara la situación de la impunidad y se hicieran propuestas para enfrentarla. Fue una gran oportunidad para nombrar personalidades importantes del gremio jurídico, político, especialistas en derechos humanos y en atención a víctimas, que lo llevaran a cabo. Sin embargo, Peña Nieto dijo: “Sobre mi cadáver”. Eso fue parte de las discusiones que tuve con el político del que les hablé.
Acudir al Consejo de Derechos Humanos es una alternativa; acudir al Alto Comisionado es otra. Este podría hacer ahora un informe sobre la impunidad en México y recomendar, como en 2018 lo hizo la CNDH, la articulación de una política de justicia transicional, porque si se siguen atendiendo sólo casos particulares no vamos a llegar a ningún sitio.
Pienso que hay una tercera vía: que la Corte Penal Internacional inicie una investigación, de 2006 a la fecha, tanto de los máximos responsables de la violencia a nivel del Estado —las presidencias de la República, el Ejército, la Marina, la Policía Federal—, como de los grandes capos de las organizaciones criminales responsables ambos de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones, violaciones sexuales, esclavitud sexual, y otros delitos que contempla el Estatuto de Roma.
Con estas acciones, tal vez y sólo tal vez, podríamos esperar que la clase política mexicana recapacitara y demostrara que es capaz de hacerlo. Entonces habría posibilidad de retomar la agenda de justicia transicional y empezar a aplicar medidas relevantes como en Colombia que creó una Jurisdicción Especial para la Paz con el fin de esclarecer y castigar los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el contexto de su conflicto armado. Por ahí creo que podría venir la presión o el arbitraje internacional que obligue a la clase política mexicana a trabajar en ello. Entonces veremos qué hacen los burócratas, los soberanistas o los políticos que quieren proteger a sus colegas potencialmente responsables de haber cometido tanta atrocidad.
Conspiratio: En esta Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia —una forma de la justicia transicional—, que podría ser un camino para México, hay dos momentos importantes: uno de diagnóstico, que pertenece a las comisiones de verdad y cuyos resultados generan recomendaciones. El otro, corresponde propiamente a la ejecución de las recomendaciones. ¿Cómo construir algo así cuando los funcionarios y las instituciones mexicanas están infiltradas por el crimen organizado? ¿Cómo iniciar esa cirugía mayor de las instituciones de seguridad mexicanas si, como dices, los burócratas y los políticos son reacios a la intervención de organismos internacionales?
José Antonio Guevara: No veo otra manera, más que seguir presionando, como lo ha hecho hasta ahora parte de la sociedad civil, a veces de manera coordinada, a veces de manera aislada. Sólo ejerciendo presión se podrían implementar formas diversas de justicia transicional semejantes a las que está aplicando Colombia; podría hacerse también promoviendo la creación de tribunales híbridos, tal como sucedió en Camboya o en Timor del Este, en Sierra Leona: tribunales compuestos por organizaciones internacionales y nacionales, o como, ya me refería a ello, se hizo en Guatemala, donde hubo fiscales y jueces nacionales apoyados por una comisión internacional para combatir la impunidad, remediar los vicios de la infraestructura judicial y sus procesos, y asegurar que el personal nacional que formaba parte de los tribunales fuera gente del más alto estándar moral y jurídico. A esa gente se le capacitó y se le dio seguridad. El tribunal de Guatemala estuvo orientado a atacar la corrupción.
De aplicarse uno en México, debería enfocarse tanto en crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra como en la corrupción. Habría también que delimitarlos en el tiempo, a partir de los del 68 a los de ahora, y establecer la fecha en que debe iniciar y terminar el proceso. Eso no sólo permitiría hacer una transición desde un antes a un después; permitiría también, a través de las comisiones de verdad, hacer recomendaciones al Estado para que modifique su sistema de justicia para que cuente con fiscales verdaderamente independientes, que creen procedimientos independientes y que garanticen la independencia judicial para la nominación y selección de jueces. Dichas recomendaciones tendrían que ser acatadas. Sólo de esa manera podríamos comenzar a tener la justicia de transición que nos urge tener.
Conspiratio: Una imagen y una pregunta. Hubo una vez una casa en el trópico. La hiedra invadió sus muros. Algunos dicen que si se quita la hiedra lo único que habrá es cascajo; otros, que la casa estará intocada. Esta imagen quiere describir la corrupción en México: si se elimina, dicen unos, quizá no quedará nada de las instituciones; quizá, dicen otros, lo que encontraríamos sería el Estado de Derecho que la corrupción invadió. ¿Puede haber certeza en esta última posibilidad? ¿Realmente detrás de la corrupción existe un Estado de Derecho, aunque no lo hayamos visto, o en realidad no hay nada?
José Antonio Guevara: Para saberlo no queda más remedio que intentar sanear la corrupción. Las instituciones del Estado están allí y no podemos prescindir de ellas. Los mecanismos a los que me he referido, no las sustituyen. Son complementarios en su independencia. De hecho, como siempre sucede, entran en un país y se van una vez terminada su función; o mejor, se crean, trabajan, dan sus resultados y se van.
En relación con la corrupción, me parece que habría que trabajar, con apoyo internacional, de la misma forma que con los crímenes de lesa humanidad, colocando a la cabeza del órgano de impartición de justicia a una persona con autoridad moral, independiente, política y jurídicamente del Ejecutivo y que goce de la suficiente protección legal para que pueda esclarecer y actuar en contra de todos los actores políticos que hayan cometido delitos de corrupción. Sin eso México no tendrá Estado de Derecho ni futuro. Seguiremos viviendo lo que estamos viviendo y no hemos dejado de vivir, porque los partidos políticos que han gobernado al país no han hecho otra cosa que replicar el mismo modelo de justicia. Sin la ayuda internacional que nos permita hacer un ejercicio similar al de Guatemala, en lo que respecta a la corrupción o al de Colombia, en lo referente a los crímenes de lesa humanidad, no podremos jamás quitar la hiedra de la casa.