Irresponsables

Las palabras pocas veces, si acaso, son neutras. Cada término lleva implícita una carga conceptual y moral que condiciona nuestra manera de interpretar la realidad. Elegir una palabra y no otra significa tomar partido en disputas culturales silenciosas pero permanentes. George Lakoff, lingüista y científico cognitivo, lo entendió claramente al preguntarse por qué conservadores y progresistas reaccionan de manera tan previsible ante determinados temas políticos. Observó con asombro cómo la sola mención de palabras como “impuestos”, “libertad”, “igualdad” o “seguridad” podía desencadenar respuestas emocionales tan marcadas como contrapuestas, y detectó que estos patrones no eran casuales ni arbitrarios. Su conclusión fue tan sencilla como revolucionaria: nuestras posturas no nacen exclusivamente de la razón, sino que surgen de marcos morales profundos que estructuran nuestra visión del mundo. En otras palabras, detrás de cada debate aparentemente racional sobre políticas públicas, subyacen sistemas invisibles de valores que determinan, de antemano, qué consideramos justo, deseable o intolerable.

Lakoff distingue dos modelos centrales del pensamiento moral: el del “padre estricto” y el del “padre protector”. El primero refleja una perspectiva conservadora, donde la autoridad debe ser firme, el orden se mantiene mediante la disciplina y cada individuo es plenamente responsable de su destino. Desde esta perspectiva, la vida se entiende como un desafío constante, una especie de prueba permanente donde la fortaleza del carácter, la autodisciplina y la voluntad personal son factores determinantes para alcanzar el éxito. El fracaso, por tanto, no es visto como producto de circunstancias sociales desfavorables o injusticias estructurales, sino como consecuencia directa de una insuficiencia personal, de una falta de mérito o de esfuerzo. En este marco, la autodeterminación y el esfuerzo individual se elevan a la categoría de valores supremos, esenciales no solo para el progreso del individuo, sino también para el equilibrio y la prosperidad social. La sociedad, desde esta óptica, se percibe como una arena de competencia constante, un escenario en el que las oportunidades, en teoría, están abiertas por igual a todos los que deseen aprovecharlas. Pero bajo esa aparente neutralidad, este modelo sostiene que solo aquellos que demuestren suficiente iniciativa, disciplina y determinación merecen acceder al bienestar y reconocimiento que la sociedad puede ofrecerles.

Por su parte, el modelo del “padre protector” entiende la sociedad como una compleja red de relaciones interdependientes, donde el bienestar colectivo depende fundamentalmente de la cooperación y el apoyo mutuo. Desde esta perspectiva, ningún individuo alcanza el éxito por sí solo, aislado o desconectado del entorno social en el que se encuentra. Por el contrario, los logros personales se interpretan siempre como parte de una trama colectiva más amplia que involucra obligaciones morales y responsabilidades compartidas. En este paradigma, la autoridad se ejerce desde la empatía, no desde la severidad: se busca comprender antes que castigar, apoyar en lugar de sancionar, e intervenir con solidaridad antes que confiar exclusivamente en el esfuerzo individual. La función primordial del Estado es, entonces, proteger activamente a los vulnerables, identificar y mitigar las desigualdades estructurales, y asegurar que cada individuo disponga de condiciones reales y efectivas para desarrollar su vida plenamente. Esto implica proporcionar acceso universal a servicios básicos como salud, educación y seguridad social, pero también implica atender causas más profundas de la desigualdad, como la discriminación histórica o los desequilibrios sistémicos en la distribución del poder y la riqueza. Aquí, la justicia no se reduce a la simple igualdad formal de oportunidades, sino que se entiende como un esfuerzo consciente y colectivo por garantizar equidad sustantiva, respeto a la dignidad humana y auténtica inclusión social.

Ambos modelos poseen fortalezas y debilidades. El modelo del “padre estricto” fomenta el sentido de responsabilidad y el esfuerzo personal, valores indispensables para que cualquier sociedad alcance ciertos niveles de autosuficiencia y crecimiento. Sin embargo, llevado al extremo, este mismo paradigma puede derivar en una visión despiadada e implacable frente al fracaso. Cuando se asume que cada individuo es plenamente responsable —sin matices— de las consecuencias de sus acciones, cualquier tropiezo o dificultad puede interpretarse como un defecto moral intrínseco, convirtiendo a quienes no logran triunfar en sujetos sospechosos de ineptitud, pereza o incluso indignidad. Bajo esta lógica, las estructuras sociales de apoyo —desde ayudas económicas hasta redes comunitarias— pueden percibirse con recelo, consideradas obstáculos que debilitan el carácter en lugar de recursos que promueven la cohesión social. Así, la compasión se diluye gradualmente, transformándose en sinónimo de ingenuidad o debilidad, y el tejido social acaba impregnado por un culto implacable a la autosuficiencia, donde la empatía es desplazada por la meritocracia más fría e inflexible. En última instancia, esta dinámica amenaza con crear sociedades fragmentadas, donde el bienestar común es subordinado al éxito individual, y la solidaridad desaparece bajo la sombra de una competencia permanente.

En contraste, el modelo del “padre protector”, aunque motivado por una empatía genuina, corre el riesgo de degenerar en un paternalismo paralizante. La noble aspiración de proteger a los vulnerables puede convertirse fácilmente en una tutela excesiva, donde la preocupación por evitar cualquier tipo de sufrimiento o fracaso priva al individuo de experiencias esenciales para su crecimiento personal. En este contexto, la posibilidad de equivocarse deja de ser vista como una oportunidad valiosa para aprender, fortalecerse y desarrollar una verdadera autonomía, y pasa a ser percibida como una amenaza intolerable que debe prevenirse a toda costa. Cuando esto ocurre, la sociedad deja de considerar a las personas como agentes, capaces de tomar decisiones y asumir las consecuencias de sus actos, y comienza a verlas más bien como sujetos pasivos que necesitan de guía constante y supervisión continua. Al minimizar o eliminar las consecuencias naturales de las decisiones personales, se genera un ambiente artificialmente cómodo que termina infantilizando a los individuos, debilitando su autoestima y erosionando poco a poco su capacidad para afrontar, de forma independiente, los desafíos cotidianos de la vida adulta. En definitiva, un exceso de protección no solo reduce la resiliencia y la responsabilidad personal, sino que también acaba perpetuando ciclos de dependencia, impidiendo que emerja plenamente el potencial humano.

En las últimas décadas, la nueva izquierda ha adoptado con fervor el marco del “padre protector”. Ha convertido la protección de los vulnerables en su bandera, un principio que, en su esencia, es encomiable. Sin embargo, en su radicalización, ha comenzado a socavar un elemento fundamental del tejido social: la responsabilidad individual. Con tal de evitar el sufrimiento de ciertos grupos, ha terminado por infantilizarlos, negándoles la posibilidad de asumir sus propias decisiones.

Esta nueva izquierda, obsesionada con la inclusión y la seguridad, ha promovido la idea de que cualquier situación adversa es el resultado de una estructura injusta y nunca de una elección individual. El problema no es la pobreza, sino el capitalismo; no es el fracaso, sino la opresión sistémica. Aunque hay elementos de verdad en estas afirmaciones, la consecuencia es una visión del mundo donde nadie es responsable de nada y todos son víctimas de fuerzas incontrolables.

Este paternalismo —presuntamente bienintencionado— ha encontrado en las universidades su principal escenario. Instituciones que históricamente se definían por la libre circulación de ideas, el debate crítico y la polémica intelectual franca, ahora se han convertido en espacios cada vez más regulados por demandas constantes de protección emocional frente a discursos catalogados como ofensivos, incómodos o perturbadores. El objetivo de evitar cualquier incomodidad o molestia subjetiva ha comenzado a prevalecer por encima de la libertad académica y la capacidad crítica que debería caracterizar a toda formación universitaria.

En este nuevo contexto, la confrontación intelectual y la discrepancia abierta —elementos esenciales para el crecimiento intelectual y la madurez emocional— son reinterpretadas y catalogadas automáticamente como agresiones personales, formas intolerables de violencia simbólica o conductas reprobables que deben censurarse o evitarse a toda costa. Así, ideas contrarias o argumentos polémicos ya no representan oportunidades valiosas para robustecer nuestra capacidad crítica o afilar nuestras herramientas argumentativas, sino que se presentan como amenazas existenciales que deben neutralizarse mediante la intervención institucional o administrativa.

Como consecuencia, se genera un clima académico paradójico en el que la formación de individuos resilientes, autónomos y emocionalmente maduros queda gravemente comprometida. Las universidades, lejos de fortalecer a las personas para enfrentar con autonomía y solidez las complejidades inherentes al mundo real, terminan preparando estudiantes cuya primera reacción frente a cualquier desafío intelectual o emocional es recurrir inmediatamente a mecanismos institucionales de amparo, intervención administrativa y protección paternalista.

Este fenómeno genera una peligrosa dinámica de dependencia, en la cual se les transmite indirectamente a los estudiantes que carecen por completo de las herramientas necesarias para lidiar con adversidades, controversias o conflictos intelectuales por sí mismos. De este modo, bajo la excusa de protegerlos, se les arrebata precisamente aquello que más necesitarán en su vida adulta y profesional: la capacidad de resistir ante la contradicción, mantener la serenidad en medio de opiniones divergentes, y defender con argumentos sólidos y autonomía sus propias ideas y convicciones frente a quienes piensan diferente.

Pero la vida no opera bajo las reglas del “padre protector”. La realidad es implacable y la madurez implica reconocer que las decisiones tienen consecuencias. Al negar este principio, la nueva izquierda ha terminado por privar a quienes busca proteger de la capacidad de autogestión y agencia. Si una persona no es responsable de sus actos, tampoco es dueña de su destino.

La radicalización del “padre protector” también plantea problemas sociales más amplios. Si la responsabilidad individual desaparece, el principio de justicia se desmorona. Nadie es culpable de nada porque todo es atribuible a factores estructurales. El crimen no es un acto deliberado, sino una consecuencia de la desigualdad; la incompetencia en el trabajo no es falta de esfuerzo, sino de oportunidades; el fracaso escolar no es falta de estudio, sino de un sistema excluyente. En este escenario, la sociedad se convierte en un organismo donde los individuos no tienen agencia y las estructuras lo determinan todo.

El resultado final de este proceso es una sociedad donde la responsabilidad ha sido borrada. Una cultura donde todo lo que ocurre es culpa de algo o alguien más, donde la individualidad se diluye en el paternalismo estatal. Pero sin responsabilidad, también desaparece la libertad. La paradoja de la nueva izquierda es que, en su intento por proteger a los vulnerables, ha terminado por despojarlos de su capacidad de decidir.

No hay progreso sin responsabilidad. Una izquierda que aspire a ser relevante debe reconocerlo. De lo contrario, seguirá construyendo un mundo donde la libertad y la autonomía se erosionan en nombre de la protección. Y donde, en última instancia, los individuos ya no son dueños de su propio destino.

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Purim, Marc Chagall